El Régimen Asfixia Venezuela: Máscara de Crecimiento, Abismo Real 2025

El año 2024 se despliega sobre Venezuela como otro capítulo de una tragedia que el régimen de Nicolás Maduro insiste en maquillar con narrativas de supuesta “recuperación económica” y “normalización política”. Sin embargo, la cruda realidad sobre el terreno desmiente cada una de sus afirmaciones. Mientras la cúpula chavista y sus allegados se enriquecen a expensas de la nación, el pueblo venezolano sigue sumido en una precarización galopante, enfrentando servicios públicos colapsados, salarios de miseria y una inflación que pulveriza cualquier atisbo de estabilidad. La migración forzada continúa vaciando al país de su fuerza productiva y capital humano, con millones de venezolanos dispersos por el continente y el mundo, huyendo de la desesperanza. Este escenario de desolación no es accidental; es la consecuencia directa de un modelo político-económico basado en la corrupción sistémica, la represión brutal y la destrucción deliberada de las instituciones republicanas. La aparente calma en las calles esconde un terror de Estado que silencia la disidencia, persigue a opositores y coarta las libertades fundamentales, todo ello mientras el régimen busca perpetuarse a través de un andamiaje electoral que carece de cualquier garantía democrática. Los datos, la experiencia diaria de millones y el clamor silencioso de quienes resisten, desvelan una verdad ineludible: Venezuela sigue siendo un Estado fallido bajo el yugo de una cleptocracia que desprecia a su propio pueblo.

Análisis Político

La ‘política’ en la Venezuela de Maduro no es más que la estrategia de un régimen para perpetuar su poder y consolidar un modelo autoritario. El discurso de ‘soberanía’ y ‘antiimperialismo’ es un escudo cínico que esconde la destrucción sistemática del Estado de derecho y la entrega de recursos vitales del país a manos de una élite corrupta. Observamos cómo las instituciones, desde el Tribunal Supremo de Justicia hasta el Consejo Nacional Electoral, operan como apéndices del Ejecutivo, aniquilando cualquier atisbo de separación de poderes. Las detenciones arbitrarias, la inhabilitación política de líderes opositores y la persecución de activistas y periodistas son tácticas habituales para eliminar voces críticas y sembrar el miedo. El caso de Alex Saab, más allá de su figura, es un reflejo de la opacidad y los entramados de corrupción internacional que sostienen al régimen, demostrando cómo el control del Estado se utiliza para el enriquecimiento ilícito a escala masiva, desviando fondos que deberían destinarse a la salud, educación o infraestructura. La inminencia de un proceso electoral en 2024 es otra maniobra previsible: se busca simular legitimidad a través de un sistema viciado, donde la competencia es desigual, la observación internacional es limitada y la voluntad popular es sistemáticamente burlada. Maduro no busca ganar elecciones limpias, busca validar un control de facto. Este control no solo se ejerce sobre la vida política, sino que permea la vida social, utilizando el control de los alimentos a través de los CLAP o el acceso a servicios básicos como mecanismos de control social y chantaje político, consolidando un ‘Estado chantajista’ que somete a la población más vulnerable.

Impacto Económico

El impacto económico del régimen chavista en el pueblo venezolano es devastador y visible en cada rincón del país. La supuesta ‘recuperación económica’ es un espejismo para unos pocos, mientras la inmensa mayoría lucha por sobrevivir. El salario mínimo, fijado en 130 bolívares, apenas alcanza para comprar unos pocos kilos de harina o arroz, condenando a millones a la miseria extrema cuando el costo de la canasta básica familiar supera los 500 dólares mensuales. Esta disparidad insostenible no es un accidente, sino el resultado de una política económica errática, marcada por la expropiación, la destrucción del aparato productivo y una hiperinflación crónica que ha pulverizado el poder adquisitivo. Los servicios públicos, otrora orgullo de Venezuela, están en ruinas: cortes eléctricos que duran horas y hasta días, escasez crónica de agua potable, un sistema de salud colapsado sin medicamentos ni insumos básicos, y una infraestructura vial deteriorada que dificulta la logística y el transporte. La ‘dolarización de facto’ ha acentuado la brecha social, beneficiando a quienes tienen acceso a divisas y dejando a la mayoría rezagada. Las empresas estatales, como PDVSA, han sido vaciadas por la corrupción y la mala gestión, pasando de ser el motor económico del país a un barril sin fondo. El resultado es un éxodo masivo, con más de siete millones de venezolanos abandonando su hogar, buscando en otras tierras la dignidad que su propio gobierno les ha negado, dejando a su paso familias rotas y un país desangrado de talentos y esperanzas. La riqueza de la nación, en lugar de beneficiar al pueblo, se ha evaporado en las arcas de una élite corrupta.

Perspectiva de Derechos Humanos

La noción de derechos humanos en la Venezuela de Maduro ha sido sistemáticamente desmantelada. Lo que alguna vez fueron garantías constitucionales se han convertido en meras ficciones legales, mientras la represión y la impunidad son la norma. La violación más flagrante es la de la vida y la integridad personal: informes de organismos internacionales documentan miles de ejecuciones extrajudiciales por parte de fuerzas de seguridad del Estado, especialmente en el contexto de las llamadas ‘Operaciones de Liberación del Pueblo’ (OLP), que han operado como máquinas de matar en zonas populares. La tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes son herramientas utilizadas para silenciar a disidentes y extraer confesiones forzadas, con centros de detención clandestinos donde la ley no existe. La libertad de expresión ha sido estrangulada a través del cierre de medios de comunicación críticos, la censura en internet y la criminalización del periodismo independiente. Periodistas y activistas de derechos humanos son hostigados, detenidos y acusados falsamente de delitos como ‘terrorismo’ o ‘incitación al odio’. La detención arbitraria de dirigentes políticos y militares disidentes, muchos de ellos sin acceso a un debido proceso o a defensa adecuada, demuestra la instrumentalización de la justicia para fines políticos. A esto se suma la negación sistemática de derechos económicos y sociales: el acceso a la alimentación, la salud, el agua, la electricidad y la educación se ha convertido en un privilegio, no en un derecho, generando una crisis humanitaria compleja que el régimen se niega a reconocer plenamente. La migración forzada masiva es el testimonio más elocuente de la desesperación, donde millones han preferido el riesgo y la incertidumbre del exilio antes que la opresión y la miseria en su propia tierra. Cada día, el Estado venezolano, bajo el control de Maduro, vulnera la dignidad de sus ciudadanos con total impunidad.

Conclusión

La Venezuela de 2024 es el vivo retrato del desastre que engendra un régimen autoritario cuando prioriza su permanencia en el poder por encima del bienestar de su pueblo. La retórica oficial de ‘prosperidad’ y ‘normalidad’ no es más que una burla cruel ante la realidad de un país desangrado, donde la corrupción ha vaciado las arcas y la represión ha silenciado las voces disidentes. No podemos ignorar que la destrucción de Venezuela no ha sido un accidente, sino el resultado de decisiones deliberadas de una élite que ha patrimonializado el Estado para su propio beneficio, mientras millones de venezolanos sobreviven con salarios de hambre, sin acceso a servicios básicos y con la amenaza constante de la persecución política. La comunidad internacional tiene la responsabilidad moral de no ser cómplice de esta farsa, exigiendo condiciones democráticas reales y el respeto irrestricto de los derechos humanos. El sufrimiento del pueblo venezolano es una herida abierta en la conciencia global, y la pasividad solo prolonga la agonía. La verdadera ‘recuperación’ para Venezuela no vendrá de la mano de quienes la han destruido, sino de la reconstrucción institucional, la justicia y la libertad que hoy le son negadas. Es hora de que el mundo despierte ante la magnitud de la tragedia y actúe con la contundencia que exige un pueblo sometido.