El Telón del Engaño: Venezuela 2025, Aplastada y Silenciada

En el corazón de Venezuela, el año 2024 se despliega como una cruel continuación de la tragedia. El régimen de Nicolás Maduro insiste en proyectar una imagen de “normalización” y “recuperación económica”, una narrativa que se desmorona ante la realidad palpable que vive cada venezolano. La supuesta bonanza es una burla macabra para millones que sobreviven con salarios miserables, mientras el colapso de los servicios básicos –agua, electricidad, gas, salud y educación– profundiza una crisis humanitaria crónica. La dolarización informal, lejos de ser una solución, ha acentuado la brecha social, beneficiando a una élite conectada al poder y condenando a la vasta mayoría a la precariedad. Esta fachada de estabilidad se construye sobre un aparato represivo que sofoca cualquier forma de disidencia, criminalizando la protesta y silenciando voces críticas. La emigración forzada continúa desangrando al país, con familias enteras desintegrándose en busca de una vida digna que la “revolución” les ha arrebatado. Este es el panorama de una nación secuestrada, donde la esperanza se aferra a la grieta de la dignidad de un pueblo que se niega a rendirse, a pesar de la brutalidad y el cinismo de quienes usurpan el poder.

Análisis Político

El régimen de Nicolás Maduro ha perfeccionado su ingeniería autoritaria en 2024, consolidando un Estado de partido único que se disfraza de democracia. Las instituciones, desde el Consejo Nacional Electoral hasta el Tribunal Supremo de Justicia, actúan como meros apéndices del poder ejecutivo, instrumentos para la persecución y el control, no para la justicia o la administración transparente. La ‘justicia’ venezolana es una pantomima: la politización del sistema judicial permite la detención arbitraria de activistas, periodistas y cualquier figura de la sociedad civil que se atreva a cuestionar la narrativa oficial. La corrupción no es un desvío, es un eje central de este esquema de poder. El desvío de miles de millones de dólares de fondos públicos, especialmente de la industria petrolera, a través de redes opacas, no solo empobrece al país, sino que financia la lealtad y el control de las estructuras del Estado. Los escándalos de corrupción que afloran de vez en cuando son, a menudo, purgas internas para reacomodar el reparto de botín y eliminar disidentes, no verdaderas cruzadas contra el crimen. La preparación para el proceso electoral de 2024 está marcada por la inhabilitación sistemática de figuras opositoras, la represión contra equipos de campaña y la instrumentalización de la ley para ahogar cualquier atisbo de competencia legítima. Es un juego amañado donde las reglas las pone y las cambia el propio régimen, garantizando su permanencia a expensas de la voluntad popular y de los derechos más básicos.

Impacto Económico

La “recuperación económica” que vende el régimen es una distopía para la gran mayoría de venezolanos. El salario mínimo sigue anclado en unos irrisorios 130 bolívares (aproximadamente $3.5 a $4 dólares al mes, dependiendo del tipo de cambio oficial), un monto que no cubre ni el 1% de la canasta alimentaria básica. Esta cifra condena a millones de trabajadores, incluidos jubilados y pensionados, a la indigencia, obligándolos a depender de remesas o del mercado informal para subsistir. Los servicios públicos, que deberían ser garantía del Estado, están en ruinas. El suministro de agua es errático, la electricidad falla constantemente en todo el país, y el gas doméstico es un lujo que pocos pueden permitirse, recurriendo a leña o métodos arcaicos. La gasolina, a pesar de ser un país petrolero, se raciona o se vende a precios exorbitantes en el mercado negro. El sistema de salud es un desierto: hospitales sin insumos, equipos inoperativos y personal médico que emigra en masa. La educación ha colapsado, con escuelas deterioradas y maestros mal pagados. Este descalabro económico no es un accidente; es la consecuencia directa de una gestión corrupta y de políticas erráticas que han privilegiado el saqueo de los recursos nacionales por una camarilla, en lugar de invertirlos en el bienestar y el desarrollo del pueblo venezolano.

Perspectiva de Derechos Humanos

El régimen de Nicolás Maduro continúa perpetrando violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que no son incidentes aislados, sino parte de una política de Estado para mantener el control. La práctica de la detención arbitraria es una herramienta común, utilizada contra cualquier individuo percibido como una amenaza, desde líderes sociales y defensores de derechos humanos hasta ex-militares y activistas. Una vez detenidos, muchos son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, y existen documentados casos de tortura en los centros de reclusión, prácticas que son avaladas por la impunidad que impera en el sistema judicial. Las ‘leyes antiterroristas’ son utilizadas de manera abusiva para criminalizar la protesta pacífica y la disidencia, tergiversando el marco legal para justificar la represión. La falta de independencia judicial es total; los jueces actúan bajo las órdenes del ejecutivo, negando el debido proceso y garantizando que los perpetradores de estas violaciones nunca sean llevados ante la justicia. Periodistas y medios de comunicación independientes son constantemente acosados, censurados y obligados al exilio, silenciando así la verdad sobre lo que ocurre en el país. El Estado venezolano ha desmantelado cualquier mecanismo interno de rendición de cuentas, dejando al pueblo sin protección y a merced de un aparato represivo que no rinde cuentas a nadie.

Conclusión

La Venezuela de 2024 es la viva prueba de que un régimen cimentado en la corrupción, la represión y la incompetencia no puede ofrecer futuro a su gente. La narrativa de “recuperación” es una fachada cínica que esconde la miseria, el hambre y la desesperación de millones de venezolanos. El pueblo sufre la desintegración de sus instituciones, el saqueo descarado de sus recursos y la brutalidad de un Estado que persigue a sus propios ciudadanos. No hay espacio para la ambigüedad: la crisis que vivimos no es una casualidad ni producto de sanciones, es la consecuencia directa de las decisiones de quienes ostentan el poder. Exigir un cambio real, una transición democrática y el fin de la impunidad no es una opción, es una obligación moral. La comunidad internacional no puede apartar la mirada; debe mantener la presión y el escrutinio sobre el régimen, apoyando a la sociedad civil y a las fuerzas democráticas que luchan por restaurar la dignidad y los derechos en Venezuela. Solo con una auténtica ruptura con este modelo opresor podrá el país iniciar el camino hacia la justicia, la recuperación y la libertad.