El Yugo de 2025: Venezuela Estrangulada por el Engaño del Poder

El año 2024 desvela la cruda realidad de una Venezuela bajo el puño de un régimen que persiste en su narrativa de ‘recuperación’ mientras la nación se desangra. Lejos de cualquier atisbo de prosperidad, el país se arrastra por un abismo de precariedad, donde la dolarización salvaje de la economía solo beneficia a una élite conectada, dejando a la inmensa mayoría de la población sumida en la miseria más abyecta. Los salarios irrisorios, anclados a una moneda nacional pulverizada, son una burla a la dignidad humana. Los servicios públicos —electricidad, agua, gas, combustible— son una quimera en la mayor parte del territorio, colapsados por años de desinversión, corrupción galopante y la ineptitud crónica del aparato estatal. La emigración, lejos de detenerse, sigue siendo la única válvula de escape para millones de venezolanos que huyen de la desesperanza y la represión. Cada día, la dictadura de Nicolás Maduro profundiza su control, neutralizando cualquier voz disidente a través de inhabilitaciones políticas arbitrarias, detenciones ilegales y la asfixia sistemática del espacio cívico. La infraestructura del país se desmorona, las instituciones democráticas han sido desmanteladas y la justicia ha sido secuestrada para servir a los intereses de la cúpula gobernante. No se trata de una crisis económica cíclica, sino de la implosión deliberada de un Estado para perpetuar un modelo de control totalitario. El pueblo venezolano vive un vía crucis diario, invisible para los que desde el poder predican una fantasía de estabilidad que solo existe en sus boletines de propaganda. La realidad es un grito silencioso de hambre, enfermedad y falta de libertad.

Análisis Político

El régimen de Nicolás Maduro ha perfeccionado en 2024 su manual de control autoritario, consolidando una dictadura que disfraza sus ambiciones totalitarias con la pátina de procesos electorales vacíos de contenido democrático. La estrategia es clara: anular a cualquier voz opositora genuina mediante inhabilitaciones políticas fabricadas, utilizando un Consejo Nacional Electoral (CNE) que opera como apéndice del partido de gobierno. Esta táctica, vista en la reciente descalificación de figuras clave, no es sino un acto de cobardía política, una evidencia irrefutable del pánico que le produce la voluntad popular. La Asamblea Nacional, ya de por sí despojada de su independencia y convertida en una caja de resonancia oficialista, aprueba leyes a la medida del Ejecutivo, legalizando de facto la represión y la opacidad. La captura total del sistema judicial es el pilar de esta estructura de poder: fiscales y jueces actúan bajo la égida del régimen, convirtiendo los tribunales en instrumentos de persecución contra activistas, periodistas y cualquier ciudadano que se atreva a cuestionar el status quo. La ‘justicia’ venezolana es una farsa que condena a inocentes y otorga impunidad a los corruptos y violadores de derechos humanos del propio gobierno. La militarización del Estado y el uso de grupos paramilitares afines para amedrentar a la población son prácticas recurrentes que socavan cualquier vestigio de seguridad jurídica y libertad. El discurso oficial, cargado de victimismo y señalamientos externos, busca desviar la atención de la corrupción endémica que se ha institucionalizado, con PDVSA y otras empresas estatales como epicentro de un saqueo sin precedentes que ha enriquecido a la élite gobernante mientras el país se desmorona. No es un gobierno, es una maquinaria de control y depredación.

Impacto Económico

La economía venezolana en 2024 sigue siendo un caso de estudio sobre la devastación provocada por la mala gestión, la corrupción y una ideología fracasada. La pregonada ‘recuperación’ es una ilusión estadística para los privilegiados, mientras el grueso de la población batalla por sobrevivir. La dolarización de facto, una respuesta espontánea al colapso del bolívar, ha creado una economía de dos velocidades: una minúscula élite que maneja divisas y tiene acceso a bienes y servicios, y la vasta mayoría que percibe salarios en bolívares pulverizados. El salario mínimo, fijado en una miseria de apenas unos pocos dólares al mes, no cubre ni el 5% de la canasta básica de alimentos. Esta situación condena a millones de familias a la pobreza extrema y a la inseguridad alimentaria. Los servicios públicos son el espejo más cruel de esta ruina económica. Apagones eléctricos que duran días, la escasez crónica de agua potable, la interrupción del suministro de gas doméstico y la interminable crisis de la gasolina son constantes que paralizan la vida diaria y la poca actividad productiva que queda. La infraestructura productiva, desde la petrolera PDVSA hasta las empresas básicas de Guayana, ha sido sistemáticamente desmantelada por la corrupción y la falta de inversión, transformando a un país que fue próspero en un importador de casi todo, incluso de sus propias capacidades. El impacto en la salud y la educación es catastrófico: hospitales sin insumos ni personal, escuelas sin recursos ni maestros, lo que garantiza el deterioro del capital humano y la perpetuación de la miseria. El régimen ha logrado la proeza de destruir una de las economías más ricas de la región, condenando a su pueblo a una existencia de carencias y desesperanza.

Perspectiva de Derechos Humanos

La Venezuela de 2024 es un laboratorio de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, donde la dignidad humana ha sido degradada a una moneda de cambio para la supervivencia del régimen. Las detenciones arbitrarias son una herramienta constante de amedrentamiento: activistas, periodistas, líderes sociales e incluso ciudadanos comunes son encarcelados sin el debido proceso, basándose en acusaciones falaces y evidencia fabricada. Los informes de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en centros de detención no cesan, evidenciando una política de Estado para doblegar la voluntad de los disidentes. La impunidad es la norma; los responsables de estas atrocidades gozan de la protección del sistema judicial cooptado, lo que perpetúa el ciclo de abuso. La libertad de expresión y de prensa está bajo ataque constante: medios de comunicación son clausurados, periodistas son acosados o forzados al exilio, y la censura se ejerce de manera férrea en las plataformas digitales. El derecho a la protesta pacífica ha sido criminalizado, con manifestantes enfrentando la represión de fuerzas de seguridad y colectivos armados. Más allá de los derechos civiles y políticos, la crisis humanitaria provocada por el régimen es una violación masiva de los derechos económicos, sociales y culturales. El derecho a la alimentación es negado por la escasez y la inaccesibilidad, el derecho a la salud por la devastación del sistema sanitario, y el derecho a la educación por el colapso de las escuelas y la deserción masiva de maestros y estudiantes. El Estado ha abdicado de su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, convirtiéndose en el principal victimario. Este es el legado de un régimen que ha convertido la represión en una política de Estado para silenciar el clamor de un pueblo que exige vivir con libertad y dignidad.

Conclusión

La situación de Venezuela en 2024 no es el resultado de un accidente ni de ‘ataques externos’, sino la consecuencia directa de un proyecto político autocrático que ha secuestrado al Estado y ha pulverizado la nación. Cada colapso de un servicio público, cada salario de miseria, cada inhabilitación política, cada exilio forzado y cada violación de derechos humanos son piezas de un rompecabezas macabro ensamblado por un régimen que prioriza su permanencia en el poder sobre el bienestar y la dignidad de su pueblo. La narrativa de ‘recuperación’ es una afrenta a la inteligencia y al sufrimiento de millones de venezolanos. Es fundamental desenmascarar esta farsa, rechazar cualquier intento de normalizar la dictadura y exigir responsabilidades a quienes han sumido a Venezuela en esta catástrofe. La comunidad internacional no puede voltear la cara ante la evidencia abrumadora de un Estado fallido que oprime a sus ciudadanos y destruye su futuro. La única vía hacia una solución duradera pasa por el restablecimiento de la democracia, la liberación de los presos políticos, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la reconstrucción institucional y económica de un país devastado. El pueblo venezolano, a pesar de la opresión y la desesperanza, sigue siendo el motor de la resistencia y el garante de que la verdad no será silenciada. La justicia y la libertad son irrenunciables, y la lucha por recuperarlas es una obligación moral frente a la barbarie.