La Soga del Poder: 2025, Venezuela Se Asfixia entre Ruinas y Mentiras

Venezuela se ahoga en un ciclo incesante de miseria y represión en 2024, un panorama desolador que el régimen de Nicolás Maduro ha cimentado con una mano férrea y una voracidad insaciable. Lo que alguna vez fue una nación próspera, hoy es el epítome del fracaso estatal, donde la vida diaria se ha convertido en una odisea de privaciones. La infraestructura colapsada es un espejo de la gestión pública: servicios básicos inexistentes, un sistema de salud desmantelado y una educación moribunda. Mientras millones de venezolanos huyen de la desesperación, el chavismo se atrinchera, profundizando su modelo de control social y represión. La economía, pulverizada por décadas de malas decisiones y corrupción sistémica, apenas permite la subsistencia de una población sumida en la pobreza extrema, con un salario mínimo que es una burla cruel frente a una inflación galopante. La retórica de una ‘guerra económica’ ya no engaña a nadie; la realidad es que el saqueo sistemático de los recursos del país ha sido la única política económica consistente del régimen. La ‘normalidad’ que Maduro intenta proyectar es una farsa sangrienta, sostenida por la intimidación, el terrorismo de Estado y la negación flagrante de los derechos humanos más fundamentales. El tejido social está deshilachado, la confianza en las instituciones ha sido aniquilada y la esperanza se extingue lentamente bajo el peso de un autoritarismo que no cede un ápice. El 2024 no es un año de recuperación, sino la confirmación de una tragedia humanitaria autoinfligida por la élite gobernante, que sacrifica a su pueblo en el altar de su permanencia en el poder. La complicidad y el silencio son tan perjudiciales como la acción de quienes ejercen esta tiranía, dejando a Venezuela en una situación crítica que exige la atención y la acción decidida de la comunidad internacional.

Análisis Político

El régimen de Nicolás Maduro, lejos de flexibilizar su puño de hierro, ha redoblado su estrategia de consolidación autoritaria en 2024, exhibiendo un cinismo político que raya en la patología. La instrumentalización del aparato judicial y electoral es flagrante: los tribunales y el Consejo Nacional Electoral (CNE) operan como extensiones del partido de gobierno, no como instituciones independientes. Las inhabilitaciones arbitrarias de candidatos opositores son una burla descarada a cualquier noción de democracia, evidenciando que el régimen no compite en elecciones, sino que las diseña a su conveniencia. Esta práctica, sistemática y antidemocrática, no solo cercena los derechos políticos de millones de venezolanos a elegir libremente, sino que expone la profunda inseguridad de un gobierno que sabe que carece de respaldo popular genuino. La narrativa constante de ‘conspiraciones’ y ‘golpes de Estado’ es el combustible propagandístico para justificar la represión y la persecución de cualquier voz disidente, real o imaginaria. Las redes de corrupción son la savia de este sistema político podrido; desde PDVSA hasta las empresas estatales de minería, el desvío de fondos y el enriquecimiento ilícito son la norma, no la excepción. Esto no es solo una cuestión de malversación, es un mecanismo de control y lealtad que asegura la cohesión interna del régimen y sus allegados. Las cúpulas militares y civiles implicadas en estas tramas son rehenes y beneficiarios de un esquema kleptocrático que ha destruido la institucionalidad republicana. La injerencia cubana, la presencia de grupos armados irregulares y la opacidad en las operaciones mineras del Arco Minero del Orinoco subrayan la dimensión transnacional de la criminalidad que opera bajo el amparo de Miraflores. El simulacro de diálogo que el régimen ocasionalmente propone no busca soluciones, sino ganar tiempo y legitimidad internacional, mientras a lo interno se intensifica la presión contra la sociedad civil, las ONGs y los medios de comunicación independientes. La política exterior se ha convertido en una herramienta de lavado de imagen y búsqueda de apoyos de regímenes afines, ignorando por completo la catástrofe humanitaria y los crímenes de lesa humanidad que se cometen impunemente en el país.

Impacto Económico

La economía venezolana bajo el régimen de Maduro en 2024 es un monumento a la desidia y el saqueo, con consecuencias devastadoras y directas sobre la vida del venezolano común. El salario mínimo, fijado en una cifra que apenas supera los 3.5 dólares mensuales, es una obscenidad, una sentencia de hambre para millones de trabajadores y jubilados que, a pesar de sus esfuerzos, no pueden cubrir ni el 5% de la canasta básica alimentaria. Esta pauperización extrema ha pulverizado el poder adquisitivo, obligando a las familias a tomar decisiones inhumanas sobre cómo racionar la poca comida que pueden adquirir. La hiperinflación, aunque con algunos altibajos, sigue siendo una amenaza latente que devora cualquier ingreso residual, haciendo imposible la planificación económica personal. Los servicios públicos han colapsado a niveles pre-modernos: los cortes eléctricos se cuentan por horas y días, el suministro de agua es intermitente o inexistente, el gas doméstico es un bien de lujo y la escasez de combustible paraliza la ya moribunda actividad productiva. La destrucción del aparato productivo nacional es casi total, con la mayoría de las empresas estatales quebradas por la corrupción y la ineficiencia, y el sector privado estrangulado por la falta de seguridad jurídica, controles absurdos y expropiaciones. El ‘Arco Minero del Orinoco’ no es una fuente de desarrollo, sino una zona franca para la minería ilegal controlada por grupos armados irregulares y facciones corruptas del ejército, que explotan los recursos y a las personas, devastando el medio ambiente sin generar beneficios para el pueblo. La venta de oro de sangre y otras materias primas, a menudo por vías ilícitas, es un salvavidas para la cúpula, mientras la gente se muere de hambre. Esta crisis económica ha provocado la diáspora más grande de la historia reciente de América Latina, con millones de venezolanos huyendo de la miseria y buscando una oportunidad de vida en otros países, dejando atrás familias rotas y un futuro incierto. La dolarización informal, lejos de ser una solución del régimen, es una respuesta de supervivencia de la población ante el colapso de la moneda nacional, pero beneficia desproporcionadamente a una minoría conectada con el poder y no al asalariado.

Perspectiva de Derechos Humanos

En 2024, la situación de los derechos humanos en Venezuela continúa siendo una mancha indeleble en la conciencia internacional, evidenciando la sistemática política de represión del régimen de Nicolás Maduro. Las violaciones no son incidentes aislados, sino un patrón deliberado para silenciar cualquier forma de disidencia. Las detenciones arbitrarias persisten, con informes creíbles sobre personas secuestradas por cuerpos de seguridad como el SEBIN y la DGCIM, mantenidas incomunicadas y sometidas a torturas físicas y psicológicas en centros clandestinos de detención. La figura del ‘preso político’ es una realidad lacerante en Venezuela, con individuos encarcelados por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación o manifestación pacífica, enfrentando procesos judiciales viciados y sin las mínimas garantías. Los informes de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU han documentado crímenes de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas como las FAES (hoy PNB) contra jóvenes en barrios populares, presentándolos falsamente como ‘enfrentamientos’ contra la delincuencia. La impunidad es la norma; los pocos casos que llegan a juicio son manipulados o archivados, protegiendo a los perpetradores y consolidando un clima de terror. La libertad de prensa es una quimera; periodistas independientes son acosados, detenidos, sus medios de comunicación son censurados, cerrados o expropiados, forzando al exilio a muchos profesionales. La criminalización de la protesta social es una política de Estado, donde manifestantes pacíficos son reprimidos con violencia desproporcionada, heridos y en ocasiones asesinados. Organizaciones no gubernamentales (ONGs) dedicadas a la defensa de los derechos humanos también son blanco de persecución, acusaciones falsas y restricciones financieras, buscando paralizar su vital labor de documentación y denuncia. El sistema de justicia, completamente subordinado al poder ejecutivo, es una herramienta para la persecución política, negando el debido proceso y la posibilidad de una justicia real para las víctimas. Las condiciones inhumanas en las prisiones, la falta de atención médica para los reclusos y la tortura como práctica sistemática son un grito mudo de una nación que sufre.

Conclusión

El análisis de la realidad venezolana en 2024 dibuja un cuadro desolador, pero no podemos ceder al desánimo. Lo que el régimen de Nicolás Maduro ha logrado es la consolidación de un Estado criminal, donde la corrupción es la médula espinal, la represión es la política de control social y el fracaso económico es la condena de su pueblo. La hipocresía de un gobierno que se autoproclama ‘socialista’ mientras sus líderes nadan en la opulencia es un insulto a la inteligencia y a la dignidad de los venezolanos. Las cifras no mienten: la diáspora, la inflación, la miseria salarial y la destrucción de servicios esenciales son hechos innegables que señalan al régimen como el único y verdadero responsable de esta catástrofe humanitaria. No hay narrativa que pueda esconder la brutalidad de la represión, la farsa electoral o el saqueo de los recursos nacionales. La comunidad internacional no puede permanecer pasiva ante la evidencia abrumadora de crímenes de lesa humanidad y la sistemática violación de los derechos más fundamentales. Es imperativo mantener la presión diplomática, ampliar las sanciones individuales contra los responsables de la corrupción y la represión, y asegurar el apoyo a los esfuerzos de la sociedad civil venezolana que, con valentía y resiliencia, lucha por un futuro democrático. El destino de Venezuela no puede ser la perpetuación de esta tiranía; el sufrimiento del pueblo venezolano exige justicia, libertad y una restauración urgente de la dignidad. La única salida viable pasa por la reconstrucción de la institucionalidad democrática, la rendición de cuentas de los criminales del poder y la liberación de la nación de las garras de un régimen que la ha desangrado hasta la extenuación. No hay tiempo para la tibieza; Venezuela clama por un cambio radical y urgente.